La Enseñanza Decide 2024

La Constitución Política de 1991 dio un salto paradigmático en torno a la
concepción de la participación: abrió un nuevo horizonte de posibilidades en torno a las formas plurales de habitar el territorio, al caracterizar la participación como un derecho y un deber de las personas de incidir en las decisiones que afectan todos los ámbitos de la vida de la nación.

La participación es, además, uno de los fines de la educación en Colombia, lo que significa que el sistema educativo debe promover el desarrollo de habilidades, capacidades, conocimientos, actitudes y aptitudes para que, en el ejercicio de la democracia, las y los ciudadanos transformen sus contextos en los ámbitos local y nacional.

La conciencia política, es decir, el reconocimiento de la capacidad y la posibilidad de incidir en la sociedad, en la comunidad y en los diversos entornos donde se despliega la vida social, se debe desarrollar desde la más temprana edad con el fin de construir hábitos de ciudadanía activa, crítica e incidente que perduren en el tiempo.

Las instituciones educativas son uno de los primeros escenarios en dónde los niños, las niñas, los y las jóvenes aprenden y ponen en práctica sus habilidades para ser ciudadanos(as). Cuando hablamos del gobierno escolar nos referimos a la instancia más importante de participación y toma de decisiones de las instituciones educativas; se trata de un mecanismo que garantiza que todos los integrantes de la comunidad educativa estén representados en los diferentes órganos que lo conforman. El gobierno escolar se sustenta en el artículo 142 de la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, en su Decreto reglamentario 1860 del 3 de agosto de 1994, donde se establecen los “Fines del Gobierno Escolar”, y en el artículo 68 de la Constitución Política de Colombia de 1991.

Fuentes:
CIVIX. Democracia al tablero, guía pedagógica. 2022